El principio solidario de la Seguridad Social está en peligro.

El anuncio hecho por el Gobierno de que acepta negociar el traspaso al País Vasco de la gestión de la Seguridad Social no está siendo valorado en su justa medida. Seguramente porque lo que se ha dicho es que se ha aceptado realizar un estudio, entre junio y diciembre de 2021, para el examen de materias relacionadas con la gestión económica de la Seguridad Social en aquella comunidad autónoma, pero no las consecuencias que tendría el traspaso si se llevara a cabo. Quizá porque se piense que, por ahora, no pasa de ser una maniobra política pensada como apoyo al PNV ante las próximas elecciones autonómicas de aquella comunidad. O porque se confía en que no se realice por tenerse en cuenta los acuerdos que se tomen en la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo, que ha vuelto a constituirse presidida ahora por Magdalena Valerio, quien mientras fue ministra de Trabajo se preocupó de la pervivencia del actual sistema; lo mismo que también ha prometido hacer el nuevo ministro responsable de la Seguridad Social, con mayor interés aún, pues incluso pretende unirlo con el existente para las Clases Pasivas del Estado.

Si llegada la fecha se hiciera el estudio -encaminado a romper la solidaridad que dimana de los artículos 41 y 149.1 de la Constitución Española-, habría que contar con el consenso del Ministerio de Economía, pues tendría que constituirse el Instituto Vasco de la Seguridad Social (o algún organismo similar) con presupuesto propio para su gestión, que quizá se calculase con el gasto que ahora tienen las direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social y del Instituto Social de la Marina allí ubicadas, para que de alguna manera fuera financiado por el Estado . Pero pudiera ocurrir que el monto de lo así calculado no fuera suficiente, pues el sueldo de los funcionarios habría de equipararlo al de sus similares en otros departamentos de Gobierno Vasco, que suelen ser más altos que los que se cobran de la administración central. Lo que no resultaría lógico es que se cargara al presupuesto de la Seguridad Social, máxime cuando el ministro Escrivá quiere que los gastos de gestión del sistema sean a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

En cuanto al pago de las prestaciones, el organismo vasco debería actuar como ahora las entidades gestoras de la Seguridad Social; es decir, pasar mensualmente la nómina de pensiones a la Tesorería General de la Seguridad Social y ésta satisfacerlas a los beneficiarios de las mismas; en eso se basaría la promesa de no romper la caja única existente. Pero la ruptura se produciría, pues aunque la Ley General de la Seguridad Social seguiría siendo aplicable en toda España, quienes la gestionasen podrían tener diferentes criterios interpretativos y dar más facilidades para acceder a las prestaciones que en otros territorios, pudiendo provocar con ello, además de un agravio comparativo con los ciudadanos de otras comunidades, el aumento inesperado de las mismas, las cuales no serían pagadas con el presupuesto de gobierno autonómico sino con las cuantías que éste reclamara para ello cada mes de la caja única del sistema.

Con la particularidad de que tal caja no aumentaría con más ingresos provenientes de la nueva gestora, sino quizá todo lo contrario, o que sean transferidos con retraso al estar traspasados también los actos de encuadramiento, afiliación, altas y bajas y su control, en los que se basa la recaudación. Además, podría crearse una especial tutela del tejido empresarial vasco respecto al sistema de liquidación de las cuotas y a la recaudación ejecutiva, ya que esas funciones dejarían de estar inmersas en el conjunto de los objetivos del Estado sobre el régimen de aplazamientos en las obligaciones, la implementación del plan nacional de lucha contra el fraude en materia de Seguridad Social, la representación y defensa ante los tribunales bajo una única dirección, y el control de la potestad sancionadora.

Pese a que las acciones anunciadas no están próximas, son preocupantes y por eso sorprende que ni los denominados agentes sociales, ni grupos de poder hayan alzado la voz en contra de las mismas. Sólo la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad, la Asociación de Técnicos de la Seguridad Social y el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, cuya experiencia les hace ver las posibles consecuencias de lo que oficialmente no se ha explicado, se han manifestado a favor del mantenimiento, defensa y fortalecimiento de los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad del actual sistema que permite garantizar un modelo sostenible y no discriminatorio de Seguridad Social.