Ley de empresas emergentes: crear empresas con 1 euro y sin capital mínimo

Ley de empresas emergentes: nueva normativa para emprender en España

Con esta nueva normativa pendiente de aprobación, se pretende regular y flexibilizar todas las actividades que las empresas tienen que llevar a cabo con la Administración, sobre todo en sus primeras etapas, debido a la cantidad de trámites que conlleva el desarrollo de una empresa innovadora de reciente creación.

El texto sometido en este momento a audiencia pública, busca estimular la inversión y la atracción de talento, favorecer la colaboración entre pymes, grandes compañías y empresas emergentes, impulsar la I+D+i, también en la Administración mediante compra pública innovadora, y fomentar la colaboración de las empresas emergentes y los emprendedores con las Universidades y centros de investigación.

¿Qué novedades incluye la ley de empresas emergentes?

Las novedades más destacadas son la incorporación de importantes medidas tributarias y fiscales para impulsar la atracción del talento internacional y favorecer la creación de hubs digitales en España.

• Se reduce para las startups el tipo impositivo en el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta de no residentes, del tipo general del 25% al 15% en el primer periodo impositivo en el que la base imponible sea positiva y en los tres siguientes siempre que mantenga la calificación de empresa emergente.
• Se incluye la posibilidad de que las startups soliciten el aplazamiento de la deuda tributaria del impuesto de sociedades o del impuesto sobre la renta de no residentes en el primer ejercicio en el que base imponible sea positiva y en el siguiente, con dispensa de garantías y sin devengo de intereses de demora, por un periodo de 12 y 6 meses respectivamente.
• Se eleva el importe de la exención de 12.000 a 45.000 euros anuales en el caso de entrega por parte de startups de acciones o participaciones derivadas del ejercicio de opciones de compra y se flexibilizan las condiciones de generación de autocartera en sociedades de responsabilidad limitada.
• Se pretende crear un régimen tributario específico para que las personas en teletrabajo desplazadas a territorio español se sometan al impuesto sobre la renta de no residentes, relajándose los requisitos para acceder a este régimen (pasando de 10 a 5 años el requisito de no ser residente fiscal en España) y se amplía el periodo de su disfrute de 5 a 10 años.
• Se creará un visado específico para personas que trabajan en España para una empresa extranjera.

Gestión administrativa con mayor agilidad

Para facilitar y agilizar la actividad emprendedora desde las administraciones públicas, se eliminará la obligación de efectuar pagos fraccionados del impuesto de sociedades y del impuesto sobre la renta de no residentes en los 2 años posteriores a aquel en el que la base imponible sea positiva.

El anteproyecto incluye la no obligatoriedad de obtener el número de identificación de extranjeros (NIE) para los inversores no residentes, exigiendo únicamente que tanto ellos como sus representantes obtengan los números de identificación fiscal (NIF).

También se agilizan los trámites para el cese de actividad, que se cumplimentarán por vía electrónica.

Se promoverá la creación de entornos controlados, por períodos limitados de tiempo, para evaluar la utilidad, viabilidad y el impacto de innovaciones tecnológicas en los diferentes sectores de actividad productiva.

Ventajas para los inversores

Esta futura Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes tiene como objetivo impulsar la inversión en el ecosistema emprendedor de España. Por ello, se eleva la base máxima de deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación (de 60.000 a 100.000 euros anuales), el tipo de deducción (que pasa del 30 al 40%), así como el periodo en el que se considera de reciente creación que sube de 3 a 5 años, con carácter general, o a 7 para empresas de ciertos sectores.

¿Qué supone presentar en audiencia pública una ley?

El objeto del trámite de audiencia e información pública es recabar la opinión de los ciudadanos titulares de derecho e intereses legítimos afectados por un proyecto normativo ya redactado, pero en fase de elaboración, y esta opinión se realizará directamente o a través de organizaciones o asociaciones que los representan.