Despedida una trabajadora que incumplió su baja médica paseando perros

Entre estas actividades se encontraban pasear perros, hacer compras, levantar peso y conducir . El fallo del tribunal respaldó la procedencia del despido y destacó la violación de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza por parte de la empleada. Según Miguel Ángel Cruz Pérez, abogado de la empresa, "el fallo respalda la validez del despido disciplinario, lo cual implica la transgresión de la buena fe contractual y un abuso de confianza".

La trabajadora había presentado una baja por dolor de espalda y dolores musculares generalizados, alegando que estas dolencias la incapacitaban para realizar su labo, pero el puesto de trabajo era catalogado como "ergonómicamente verde", es decir, sin requerimientos físicos. Este fallo del tribunal valida la prueba presentada por el detective contratado y respalda la decisión de la empresa de llevar a cabo el despido.

Tras una sentencia reciente del Tribunal Supremo, que te explicamos a continuación, la mera sospecha basta como fundamento para contratar a un detective por parte de la empresa.

Novedades respecto a contratar a un detective para comprobar incumplimientos laborales

En un reciente fallo, el Tribunal Supremo ha establecido que la mera sospecha o indicio de un posible incumplimiento laboral es suficiente para que una empresa pueda contratar a un detective privado a fin de recopilar pruebas. La sentencia respalda el uso de informes periciales y testimonios del detective para demostrar el incumplimiento.

El caso en cuestión involucra a una empresa de limpieza y cuidado de personas, que contrató a un detective debido a sus sospechas de incumplimiento laboral por parte de un empleado encargado de limpiar cristales. Las investigaciones revelaron que el trabajador había cometido varios incumplimientos, incluyendo conducir bajo los efectos del alcohol y usar herramientas de la empresa para uso personal.

El fallo del Supremo es un pronunciamiento positivo para las empresas, permitiendo el uso de pruebas obtenidas por un detective privado basándose en meras sospechas o indicios. Sin embargo, el Supremo no declaró el despido como procedente, a pesar de que el informe del fiscal apoyaba esta conclusión. El alto tribunal indicó no tener competencia para valorar la prueba, dejando la calificación de improcedencia emitida por el Juzgado de lo Social de Bilbao.

Como resultado de esta sentencia, se revocó la calificación de nulidad del despido y la indemnización por vulneración de derechos fundamentales. El despido se consideró improcedente, lo que permite a la empresa decidir entre finalizar la relación laboral con una indemnización correspondiente o readmitir al empleado. Pero este fallo tiene implicaciones significativas en la contratación de detectives por parte de las empresas ante sospechas de incumplimiento laboral.