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Crear una empresa con 1 euro de capital

Se aprueba la Ley Crea y Crece, con medidas para la reducción y agilización de trámites para impulsar la creación de empresas, para el crecimiento de las pymes, así como para luchar contra la morosidad comercial.

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Ha sido aprobada en el Congreso la Ley de Creación y Crecimiento Empresarial ("Crea y Crece"), que incluye medidas de reducción y agilización de trámites para impulsar la creación de empresas , con la posibilidad de crear una Sociedad de Responsabilidad Limitada con 1 euro y facilitar su constitución de forma más rápida y telemática.

La norma que debe ser aprobada en el Senado en los próximos días, contempla también una batería de medidas para impulsar el crecimiento de las pymes a través de la mejora y la reducción de obstáculos regulatorios y financieros, así como para luchar contra la morosidad comercial, extendiendo el uso de la factura electrónica o prohibiendo el acceso a subvenciones públicas a las empresas que no cumplan los plazos legales de pago, entre otras.

Con la nueva ley se potencian los instrumentos de financiación alternativa al crédito bancario para las empresas, como el crowdfunding o financiación participativa, la inversión colectiva y el capital riesgo.

Crear una sociedad con 1 euro

Con esta Ley, se establece la posibilidad de constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social de 1 euro, frente al mínimo legal de 3.000 euros establecido hasta el momento, permitiendo a las empresas utilizar estos recursos en usos alternativo y facilitando la creación de nuevos negocios. España se alinea con gran parte de los países de nuestro entorno en los que no se requiere un capital mínimo, favoreciendo de esta forma el emprendimiento.

Asimismo, se facilita la constitución telemática de empresas a través de la ventanilla única del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), lo que garantiza una reducción en los plazos para su creación y de los costes notariales y registrales.

Crowdfunding

La Ley Crea y Crece adapta la regulación nacional a la normativa europea, introduciendo más flexibilidad para que las plataformas de crowdfunding presten sus servicios en Europa. Además, se refuerza la protección de los inversores y se permite la creación de vehículos para agrupar a los inversores y así reducir costes de gestión. Por otro lado, para ampliar el universo de proyectos empresariales elegibles se elevan los umbrales de inversión por proyecto de 2 a 5 millones de euros, y se modifican los límites de inversión por proyecto para inversores minoristas, que pasan a se​r el más alto entre 1.000 euros o el 5% de la riqueza.

Por último, en este ámbito se impulsa la industria del capital riesgo, ampliándose el tipo de empresas en las que pueden invertir estas entidades, incluyendo empresas financieras con un alto componente tecnológico.

Regulación de las actividades económicas

El marco regulatorio de las actividades económicas mejora sustancialmente al simplificar la legislación existente, eliminar regulaciones innecesarias y establecer procedimientos más ágiles.

Para ello, se modifica la Ley de medidas de liberalización del comercio, ampliándose el catálogo de actividades económicas exentas de licencia . Se incorporan al listado de la normativa básica estatal las actividades que hayan sido consideradas inocuas por al menos una comunidad autónoma.

Asimismo, se modifica la Ley de Garantía de Unidad de Mercado para reforzar la cooperación entre las diferentes Administraciones Públicas y los mecanismos de protección de empresas y consumidores frente a medidas que no respeten los principios de proporcionalidad y necesidad.

Crear una empresa
Crear una empresa

Nuevas medidas para luchar contra la morosidad

La norma incluye medidas para avanzar en la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, una de las causas que más incidencia tiene en la liquidez y rentabilidad de muchas empresas españolas, con particular incidencia en las pymes.

Para ello, se extiende la obligación de expedir y remitir factura electrónica en todas las relaciones comerciales a empresas y autónomos, lo que garantizará una mayor trazabilidad y control de pagos. Esta medida, además de reducir los costes de transacción y suponer un avance en la digitalización de la operativa de las empresas, permitirá obtener información fiable, sistemática y ágil de los plazos efectivos de pago, requisito imprescindible para reducir la morosidad comercial.

Asimismo, se establece que las empresas que no cumplan los plazos de pago establecidos en la Ley de Morosidad (Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales) no podrán acceder a una subvención pública o ser entidad colaboradora en su gestión.

También se prevé la creación de un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, que hará un seguimiento y análisis de los datos de los plazos de pagos y promoverá buenas prácticas. Entre sus actuaciones se incluye la publicación de un listado anual de empresas morosas personas jurídicas cuyo importe total de las facturas impagadas sea superior a 600.000 euros.

También se incluye en la Ley de Sociedades de capital y la Ley de Morosidad la obligación de que las empresas grandes indiquen en sus memorias anuales el periodo medio de pago a sus proveedores o el número de facturas pagadas en un periodo inferior al máximo establecido en la normativa de morosidad.

En este caso, para Cepyme (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa), considera que esta norma va a aumentar la burocracia a la hora de solicitar subvenciones o fondos europeos. Ya que según se recoge en el texto normativo, las empresas que las soliciten deberán auditarse para acceder a algún tipo de ayuda estatal.

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