Política irritante para los autónomos

Desde hace años los trabajadores autónomos han querido igualarse en prestaciones con los trabajadores por cuenta ajena y en parte lo han conseguido a base de pagar mayor cuota. Pero, dado lo voluble que puede ser su estabilidad económica, se les ha permitido tener algunas prestaciones de forma voluntaria. Y, por otro lado, al ser un colectivo importante en la economía nacional, en especial para reducir el paro en los momentos de crisis empresarial, se ha propiciado su crecimiento con bonificaciones en sus cuotas con el fin de evitarles gastos. Pero ahora desde el Gobierno se anuncian medidas que pueden minorar o complicar alguna de las ventajas adquiridas con el fin de que sea mayor la aportación de este colectivo al maltrecho sistema de protección social.

Resulta lamentable lo que sobre la reforma de las cotizaciones de los autónomos está anunciando el Gobierno. Después de que su presidente dijera que no se van a incrementar las cuotas mínimas por el importante aumento previsto para el salario mínimo, la ministra doña Magdalena Valerio descubrió problemas en la aplicación de la tarifa plana y ha propuesto aumentarla en un 50% y que su disfrute pueda acarrear una cotización computable de la mitad del tiempo de alta en ella. Además se le ha ocurrido que los autónomos puedan cotizar por una base mínima inferior a la del Régimen General, que se establece en función del salario mínimo, cuando actualmente la de autónomos es sensiblemente mayor que la de los trabajadores por cuenta ajena. Ocurrencia que está motivada porque pretende poner como obligatorias las prestaciones que ahora son voluntarias, que si se aplican a una base menor, el aumento de la cuota no se notará tanto.

Dijo querer hacerlo de manera transitoria durante el próximo año, por entender que hasta 2020 no podrá estar la norma que establezca la cotización en función de los ingresos percibidos por el trabajador. Pero el día 31 de octubre el presidente del Ejecutivo, le enmendó el discurso anunciando en el Congreso de los Diputados que la reforma de la cotización entrará en vigor en 2019, y que consistirá en hacerla por varios tramos con cuotas bajas o nulas a los que perciban determinado nivel de ingresos. Lo cual es algo pretendido hace mucho tiempo por la Administración y que ha sido consensuado recientemente con las organizaciones de autónomos. Pero se ha hecho sin reparar en que puede ocasionar un caos de gestión y producir injusticia en la aplicación de las prestaciones. Porque no es lógico cotizar por cuantías percibidas meses antes, cuando es posible que en el momento de la cotización se esté percibiendo menos ingresos, o al revés; y, si se ha de percibir prestación por incapacidad temporal, puede ocurrir que la misma sea por una cuantía superior o inferior a los ingresos que se están dejando de percibir.

En cuanto a la recaudación habrá que aclarar cómo se calcularán los ingresos computables, que no pueden ser los brutos, ni tampoco podrán ser éstos reducidos con todos los gastos, entre los que están las cotizaciones a la Seguridad Social, equivalentes a los que en el Régimen General pagan empresa y trabajador sumados; así como qué ingresos habrán de computarse a los trabajadores que tributan en régimen de estimación objetiva.