Gastos impropios de la Seguridad Social y mayor cotización
El anuncio de que el Gobierno va a dar un crédito de 15.164 millones de euros para pagar las pensiones del presente año y que el ministerio gestor de las mismas coincide con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de que hay que aumentar la edad de acceso a la jubilación, ha vuelto a sembrar una especie de temor en los futuros pensionistas así como entre quienes ya lo son y que aspiran a que sus prestaciones aumenten cada vez más.
Redactado por Enrique García Tomás - Asesor Laboral
La Secretaría de Estado de Seguridad Social ya está trabajando para encontrar junto con los agentes sociales alguna solución para la pervivencia del sistema de pensiones, que indudablemente ha de concluir con la adopción de medidas restrictivas respecto a las actuales. Pero no se aborda el problema con una visión global de su Administración Pública.
Se piensa en la financiación con la estructura actual, en lugar de en racionalizar el gasto institucional. Nadie plantea como lógico que las retribuciones de los funcionarios de la Seguridad Social pasen a ser pagadas con cargo a los presupuestos generales del Estado como las de los demás funcionarios. A pesar de que se les aplica la misma normativa retributiva. La única diferencia está en quién paga.
Esto y otras cosas sin sentido dentro del sistema ocurren porque quienes cobran por encontrar soluciones no se ha preocupado de analizarlo o no les conviene. Tal despropósito proviene de los tiempos del Mutualismo Laboral, precursor del actual sistema, que tenía una magnífica financiación y que despareció el día 11 de noviembre de 1978 con la creación de un ministerio que lo sustituyó y que entonces se denominó de Sanidad y Seguridad Social.
Es algo que ha quedado asumido como si no tuviera importancia, al igual que ocurre con la cotización por formación profesional que se aplica a la base de contingencias generales y que se estableció para ayudar a las Universidades Laborales, también en tiempos del citado mutualismo, cuando lo lógico sería que ahora la formación profesional, tanto del sistema educativo como del sistema de empleo, estuviera a cargo de los presupuestos generales.
Esto y otras cosas sin sentido dentro del sistema ocurren porque quienes cobran por encontrar soluciones no se ha preocupado de analizarlo o no les conviene.
En lugar de analizar estas situaciones, el actual Gobierno ha decretado diferentes aumentos en la cotización con la intención de mejorar los recursos de la Seguridad Social.
Aparte de la base máxima, también han tenido incremento las tarifas para la contingencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (la mínima ha pasado del 0, 9 % al 1, 5%); se ha establecido la obligatoriedad de cotizar por prácticas formativas, dándose la posibilidad de cotizar por su cuenta con carácter retroactivo a quienes las hayan hecho con anterioridad a presente año; también se ha creado un convenio especial para determinados trabajadores que por motivo de la crisis económica no hubieran cotizado al menos tres años desde el 2 de octubre de 2008 y el 1 de julio de 2018 con el fin de que puedan acumular cotización durante al menos dos años de ese periodo, así como que se da la posibilidad de cotizar a los artistas durante el tiempo que estén sin actividad.