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El futuro pasa por incrementar la contratación

Los medios de comunicación anuncian que se espera una tasa de desempleo del 19.1 % para finales de 2017. Sin duda, una aparente buena noticia si recordamos ese 25% de paro que alcanzamos en 2012, pero que no deja de sorprenderme por una razón: todavía es un porcentaje muy elevado y, sin embargo, no existen prácticamente en España bonificaciones ni subvenciones estatales a la contratación o que incentiven el empleo.

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Lo realmente llamativo es que, hace algunos años, sí que existieron y sus beneficios quedaron más quedemostrados. Así, por ejemplo, entre febrero de 2014 y marzo de 2015, elGobierno promovió la Tarifa Plana de 100euros a la contratación de trabajadores indefinidos, que supuso unareducción considerable del coste en lacontratación por cada trabajador.

Inmediatamente después, el Gobiernoanunció otra de sus medidas estrella: laTarifa Reducida para la Contratación Indefinida, cuya principalcaracterística radicaba en que los primeros 500 euros de salario de cada nuevocontrato indefinido no cotizaba durante dos años. Este plan finalizó el pasadomes de agosto y aunque se planteó su renovación en periodo electoral, éstanunca llegó a materializarse.

En Quality Conta hicimos, por cierto, un estudio para comprar losefectos de ambas medidas. En este informe destacamos que, si bien la Tarifa Reducida parecía ofrecer unmejor tratamiento para el coste de las empresas en Seguridad Social, solamentelo era para retribuciones inferiores a 900 euros mensuales.

A estas alturas, no cabe duda deque los principales problemas del país se resolverían con un incremento deempleo. La ecuación parece sencilla: con un mayor número de trabajadorescrecerían las cotizaciones a la Seguridad Social, lo que se traduciría en más ingresos para el Estado y, entre otras ventajas, en una mayor sostenibilidad del sistemade pensiones.

Pongamos un ejemplo: por un trabajador que percibe un sueldo anual de 24.000 euros brutos, el Estado ingresa aproximadamente el 55 % de su retribución, entre cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF, IVA, etc. Es decir, una retribución de 2.000 brutos mensuales, aportará a la Administración central 1.050 euros mensuales.

En caso de salarios más elevados, evidentemente, la cantidad será mayor.

Quizá, conscientes de ello, algunas comunidades autónomas han decidido poner en marcha programas de incentivos a la contratación indefinida como, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, cuyas ayudas oscilan entre un mínimo de 2.500 euros y un máximo de 4.000 euros.

Es importante destacar que, a pesar del esfuerzo económico que realiza la Comunidad de Madrid con este programa, la mayoría de beneficios que supone el incremento de la contratación se revierten a las arcas del Estado donde, en definitiva, se ingresan las cotizaciones a la Seguridad Social o el IRPF, entre otros conceptos. En otras palabras: Madrid siembra y el Gobierno recoge los frutos.

La pregunta es: con casi un 19% de desempleo y con el desequilibrio en el déficit de la Seguridad Social, ¿por qué el Gobierno no invierte en programas de estas características?

José Javier Montero

Socio-director de QualityConta

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