Derecho al paro de una empleada de hogar despedida antes de la reforma legal
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha reconocido el derecho a percibir el subsidio por desempleo a una empleada de hogar que fue despedida antes de que la ley española cambiara para incluir a este colectivo.
Redactado por Espacio Pymes
El vacío legal que dejó fuera a miles de trabajadoras
Hasta octubre de 2022, el sistema legal español excluía de forma sistemática a las empleadas de hogar de la protección por desempleo. Con la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2022, el Estado español finalmente reconoció este derecho. Sin embargo, la norma dejó en un "limbo" a todas aquellas mujeres que perdieron su empleo antes de esa fecha.
Este fue el caso de la demandante en Canarias, despedida en septiembre de 2021 tras haber trabajado 394 días. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) le denegó la prestación alegando que, en el momento de su despido, la ley aún no permitía cotizar por desempleo en su régimen.
Pilares de la sentencia del TSJC
El magistrado ponente, Javier Ercilla, fundamenta la revocación de la sentencia inicial basándose en principios que van más allá del derecho administrativo ordinario:
Primacía del Derecho Europeo: El tribunal aplica el efecto "directo" de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Según el TSJC, si una norma nacional es discriminatoria y contraria al derecho comunitario, los jueces tienen la obligación de dejarla en suspenso y aplicar la normativa europea.
Insuficiencia de la reforma española: La sentencia critica que el Real Decreto de 2022 no resolviera el problema de las beneficiarias anteriores a la reforma, calificando la actuación del legislador como "insuficiente".
Perspectiva de Género obligatoria: El fallo destaca que el sector de empleados de hogar es un colectivo "feminizado" por excelencia. Por ello, la interpretación de las leyes debe hacerse de la forma más favorable al colectivo discriminado. "No se puede soportar la denegación del derecho a la prestación cuando, precisamente, la negación del derecho a cotizar se basa en una vulneración de derechos fundamentales provocada por el propio Estado", señala el fallo.
Discriminación indirecta
El TSJC es tajante al definir la situación anterior como un caso de discriminación indirecta . Bajo una apariencia de neutralidad, la ley española situaba a las mujeres en una desventaja particular frente a otros trabajadores sin que existiera una justificación objetiva o legítima. Con esta resolución, Canarias se suma a otros tribunales superiores (como Galicia y Navarra) en la creación de un frente judicial que impide que la burocracia perpetúe desigualdades de género .
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