Administraciones y empresas obligadas al pago a los proveedores en 30 días
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad aplaude la propuesta de sancionar a empresas y Administraciones Públicas morosas que podrá estar vigente antes de que acabe el año.
Redactado por Espacio Pymes
Un hito histórico para acabar con la morosidad en Europa
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció una propuesta de nuevo Reglamento que busca sancionar a las empresas y Administraciones Públicas morosas, además de establecer un plazo máximo de pago de 30 días. Esta iniciativa ha sido aplaudida por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), quien ha destacado la importancia de esta medida para millones de autónomos y pymes en toda Europa.
La propuesta contempla que cada Estado miembro designe una o varias autoridades responsables de la aplicación del nuevo Reglamento, las cuales serán encargadas de adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los plazos de pago . Estas autoridades podrán imponer multas, sanciones y medidas cautelares a los infractores, además de realizar inspecciones sin previo aviso y exigir a los deudores poner fin a las infracciones.
Para Antoni Cañete, presidente de la PMcM, las sanciones son fundamentales para reducir los plazos de pago y acabar definitivamente con la morosidad. Desde la creación de la PMcM, se ha reivindicado la necesidad de un régimen sancionador como único camino para poner fin a esta problemática.
Régimen de sanciones aplicable
El régimen de sanciones aplicable a las infracciones será determinado por cada Estado miembro, quienes deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Cañete espera que estas sanciones sean efectivas, proporcionadas y disuasorias, en línea con la decisión de la Unión Europea.
Otro aspecto destacado del nuevo Reglamento es la compensación por los costes de recuperación . Cuando se generen intereses de demora, se establece que el deudor deberá abonar automáticamente al acreedor una compensación fija de 50 euros por cada transacción comercial. Esta medida busca poner fin a la injusticia que ocurría cuando el acreedor debía asumir los intereses de demora generados por el retraso en el pago por parte del deudor.
El Reglamento también establece condiciones y prácticas contractuales que serán consideradas nulas e ilegales . Algunas de estas prácticas incluyen fijar plazos de pago en contradicción con los plazos legales, limitar los derechos del acreedor a los intereses de demora o compensación por costes de cobro, y retrasar o impedir intencionadamente el envío de la factura. Se elimina el término "abusivo", utilizado previamente y que generaba confusión.
La PMcM ha desempeñado un papel fundamental en la elaboración de este Reglamento, al impulsar decisiones para reducir los plazos de pago y promover medidas que mejoren la competitividad y la participación de las pymes en la contratación pública. Durante los últimos meses, la PMcM ha estado en contacto con representantes de la Comisión Europea, aportando documentación y recomendaciones para dar forma a esta normativa tan necesaria para las pymes y autónomos.
Los comentarios están cerrados