El impago en el comercio genera unas pérdidas equivalentes al 1,8% de su ingreso

Los retrasos en los pagos son una tendencia afianzada en el tejido empresarial español que seguirá manteniéndose de cara al año que viene, al menos en el sector del comercio mayorista y minorista, apunta el estudio, ya que solo el 20% de las empresas españolas que operan en este ámbito cree que el riesgo deudor bajará en 2018.

Según el informe, el motivo principal que hace que las previsiones de pago no sean alentadoras tiene su origen en las dificultades financieras que atraviesan los clientes para poder saldar las deudas en los plazos establecidos, identificado por el 86% de los empresarios del comercio mayorista y minorista.

A ello se suma el retraso intencionado de los pagos es señalado por el 41% de los empresarios, además de la ineficiencia de los departamentos administrativos, a la que hacen referencia el 31% de las compañías preguntadas, y las disputas en torno al servicio prestado, destacadas por el 18% de las mismas.

En España, las compañías de comercio mayorista y minorista entregan sus facturas pendientes a empresas especializadas en gestión de crédito y recuperación de deuda pasados una media de 148 días desde la fecha de vencimiento, una fecha muy superior a la media europea, situada en 81 días.

"Las compañías especializadas ofrecen soluciones para agilizar el cobro de sus facturas y facilitar el pago a sus clientes de forma amistosa, ya que cuanto más tiempo pasa desde la fecha de vencimiento de la factura mayor será el esfuerzo y coste generado por dicha factura", ha resaltado el director general de Intrum Justitia y Lindorff en España, Alejandro Zurbano.

Esta realidad dominada por la extensión de los plazos de pago, según el estudio, se refleja con especial intensidad en las cuentas de resultados de las empresas de este sector: más de la mitad de estas compañías (52%) mantienen que los impagos pueden tener un impacto medio-alto sobre su liquidez, porcentaje muy superior a la media sectorial europea, situada en el 42%.

Asimismo, una de cada tres empresas califica como medio-alto el riesgo que afronta como consecuencia de los intereses adicionales derivados de los impagos, dato que también se sitúa por encima del promedio europeo (29%).

El informe elaborado por Intrum Justitia y Lindorff revela que el 84% de las empresas de comercio mayorista y minorista han aceptado plazos de cobro más largos de lo que desearían y un 68% asegura que la demanda de alargar los tiempos de pago provino de una pequeña y mediana empresa. Una situación que obliga al 72% de las empresas de este sector a alargar sus plazos de cobro.

La solución, según plantea el 46% de las empresas encuestadas, pasa por una renovación de la legislación, dado que aún no existe ningún régimen sancionador que endurezca el incumplimiento de los periodos legales de morosidad.

Mientras tanto, casi el 75% de las empresas consultadas entregan sus facturas a compañías de gestión de cobro y el 54% intenta protegerse de los impagos mediante el cobro inmediato. Le siguen muy de cerca la verificación crediticia (52%), los seguros crediticios (49%) y el pago por adelantado (48%). Son menos las compañías que apuestan por las garantías bancarias (13%) o el factoraje (11%).