Ahorrar para la jubilación, un consejo interesado

Recientemente el director general de Economía y Estadística del Banco de España ha pedido reformas de calado para garantizar la viabilidad social y financiera del sistema público de pensiones por el previsible incremento del gasto que supondrá en las próximas décadas el aumento de la tasa de dependencia, la mayor esperanza de vida y la jubilación. Paralelamente, en una jornada sobre pensiones, un grupo de expertos en seguros, ahorro y las pensiones privadas ven la solución en la previsión social complementaria, de forma que las empresas aporten una cantidad a un fondo para los trabajadores, al tiempo que se incentive dicho ahorro por parte de los empleados de cara a su jubilación.

Desde el Banco de España se cree necesario lograr acuerdos amplios para garantizar la viabilidad del sistema público, que habrán de hacerse entre la Administración de la Seguridad Social y los agentes sociales. Pero desde el sector privado experto en gestión de planes de pensiones, se estima más beneficioso, tanto para la pervivencia del sistema como para las rentas de los trabajadores una vez jubilados, impulsar la previsión privada. A ser posible, de forma obligatoria, ya que estadísticamente se ha comprobado que un 56% de los trabajadores no ahorran de ninguna manera, lo cual, obviando la dificultad que tienen para hacerlo con sus sueldos, se ha llegado a decir que se debe a que no cuentan con la suficiente educación financiera ni sobre el sistema de pensiones por no informarles bien el Gobierno sobre las prestaciones públicas que les corresponderán.

Nadie duda de que el ahorro es bueno para el futuro, pero obligar a que los trabajadores lo hagan no sería justo, aunque tuvieran beneficios fiscales, que podrían consistir en que el importe de sus aportaciones redujera el bruto de las retribuciones sujetas al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas o que las pensiones complementarias que resultasen no estuvieran sujetas al citado impuesto. Como tampoco lo sería imponer una aportación especial por parte de las empresas, que se sumaría a la importante que ya hacen en concepto de cuotas a la Seguridad Social. Así que establecer un sistema complementario de pensiones de forma generalizada desde el ámbito político podría ser más efectivo que el voluntario actual, pero hacerlo sería muy difícil sin lesionar intereses de los afectados.

Ahora, además de los planes de ahorro individual, existen los de empresas (generalmente las de gran tamaño) establecidos mediante la negociación colectiva, pero eso llevado de forma obligatoria a los convenios colectivos sectoriales podría ahogar a las pequeñas, que son las que más trabajadores emplean en España, a la vez que mermaría las retribuciones dinerarias de los empleados. Y si para ayudar hubiera de intervenir el Estado no podría ser de otra manera que con beneficios fiscales para compensar las cesiones que habrían de hacer las dos partes de la negociación. Porque una aportación a través de un impuesto generalizado no resultaría justa por no beneficiar a toda la ciudadanía. Aparte de que sería más razonable hacerla al sistema público de pensiones, cuya pervivencia es lo que hay que procurar, como recomienda el Banco de España y el sentido común.