Transparencia Internacional exige limitar a 90.000 euros las licitaciones mediante contratos menores

El objetivo es, según señala la organización, incluir 'mayor transparencia' en este tipo de contratos, cuya 'abusiva utilización, en muchas ocasiones como contratación directa, aconseja cuanto menos cierta exigencia de publicidad'.

Además, Transparencia Internacional cree que todos los contratos menores que superen los 6.000 euros no sólo deberá aprobarse el gasto sino que también habrá de publicarse la licitación con criterios objetivos para la adjudicación, dando un plazo de cinco días para presentar ofertas.

CONTRATOS ARMONIZADOS

Para evitar que la mayor parte de los contratos que celebran partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales 'escapen por completo' del control legal, se propone también suprimir el tratamiento de este tipo de expedientes como contratos sujetos a regulación armonizada (los llamados contratos SARA), que sólo plantea exigencias de transparencia a partir de umbrales económicos 'elevados'.

En concreto, este tipo de contratos son los que superan los 5, 22 millones de euros cuando son de obras, los 135.000 euros si son de suministros y servicios en el ámbito estatal o de 209.000 euros en el ámbito autonómico o local; y todos ellos si son de colaboración público-privada.

De este modo, las contrataciones de ese tipo de organizaciones quedarían sujetas a todos los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, y a la obligación de adjudicar los contratos a la oferta económicamente más ventajosa.

EVITAR SUBCONTRATACIONES

Transparencia Internacional también propone reducir del 60% al 20% la cuantía máxima que de prestaciones que un medio propio puede subcontratar con un tercer, ya que mantener el porcentaje previsto por el Gobierno 'resulta claramente excesivo y puede no corregir un uso indebido de esta técnica, como ya ha denunciado el Tribunal de Cuentas'.

Mantener la regulación vigente respecto de los modificados de contrato, ampliar 'al máximo' la capacidad de interponer recurso especial en materia de contratación, acotar a los contratos 'especialmente complejos' los supuestos de adjudicación sin negociación, uniformizar las reglas jurídicas aplicables independientemente del adjudicador y de la cuantía del contrato, o eliminar la posibilidad de aprobar instrucciones internas son otras propuestas del organismo.

Finalmente, exigen que se considere nula cualquier licitación que no haya sido publicada en la Plataforma de Contratos del Sector Público, y que se prohíba e incluso sancione a los adjudicatarios de contratos públicos que destinen sus ingresos o beneficios a operaciones en paraísos fiscales --directamente o a través de filiales-- o que incurran en blanqueo de capitales, fraude fiscal, delito contra la Hacienda pública o utilización de territorios offshore.

Estas propuestas serán valoradas por los grupos parlamentarios a la hora de presentar sus enmiendas parciales al proyecto de ley de Contratos del Sector Público, por el que se trasponen a la normativa española las directivas comunitarias de Adjudicación de contratos de concesión y de Contratación Pública. El plazo para presentar enmiendas finaliza el martes 14 de febrero.