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¿Tengo que realizar factura electrónica en 2026?

La adopción de la factura electrónica es una realidad progresiva que implica cambios importantes en los plazos de expedición y presentación, especialmente en las relaciones entre empresas (B2B) y con la Administración Pública. A continuación, desgranamos los plazos fundamentales que debe conocer.

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El mundo legal y empresarial siguen evolucionando, y la factura electrónica es uno de esos temas que tienes que dominar si trabajas con otras empresas (B2B) o con la Administración Pública. En España, la normativa te obliga a expedir este documento en ciertos plazos, pero además, la inminente Ley Crea y Crece y la normativa europea sobre el IVA están a punto de cambiar las reglas de juego.

El plazo general de expedición de facturas B2B

La norma actual establece un plazo general de expedición que no depende del formato (papel o electrónico). Como regla básica, debes emitir la factura en el momento en el que se realiza la operación .

Sin embargo, si tu destinatario es otro empresario o profesional, tienes un margen extra. El plazo se extiende hasta antes del día 16 del mes siguiente a aquel en que se devengó el IVA . Es un plazo que te permite organizar tus cierres mensuales.

En este régimen actual, para que puedas emitir la factura en formato electrónico a tu cliente, este debe haber dado su consentimiento previo . Esto cambiará pronto con la nueva regulación.

Factura electrónica con la Administración Pública: un plazo más estricto

Cuando tu empresa (o tu cliente) es proveedor de la Administración Pública, la exigencia de la factura electrónica y su plazo son distintos y ya están en vigor .

Tienes la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo en un plazo máximo de 30 días desde la entrega de los bienes o la prestación de los servicios. En este caso, el formato electrónico estructurado y la firma electrónica avanzada no son opcionales, están regulados expresamente.

Los cambios de la Ley Crea y Crece y la normativa europea

El futuro de la facturación es electrónico y obligatorio para todos en las relaciones B2B. Dos grandes marcos normativos están impulsando esta transformación:

Ley Crea y Crece (L 18/2022): Esta ley establece la futura obligación de expedir, remitir y recibir factura electrónica en todas las relaciones entre empresas y profesionales. La entrada en vigor está ligada a la aprobación de un reglamento de desarrollo que todavía está pendiente de publicarse.

- Quienes facturen más de ocho millones de euros al año tendrán un plazo de un año tras la aprobación del reglamento para adaptarse.

- Para el resto (PYMES y autónomos), el plazo será de dos años tras la aprobación del reglamento .

Régimen Europeo VIDA (VAT in the Digital Age): Esta normativa, que será aplicable progresivamente hasta 2035, afectará especialmente a las operaciones intracomunitarias. En ella se fija un plazo más corto: las facturas electrónicas de operaciones intracomunitarias tendrán un límite de 10 días para la emisión desde el devengo (o 10 días tras finalizar el mes civil en caso de facturas recapitulativas).

Factura electrónica
Factura electrónica

Casos especiales: Canarias y regímenes forales

Debes recordar que existen algunas especialidades en ciertos territorios, aunque en la práctica siguen una lógica muy similar a la normativa general de IVA/IGIC:

Canarias. La normativa sobre el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) establece obligaciones de facturación análogas a las del IVA, con plazos similares y la obligación de usar la factura electrónica en relaciones con la Administración Pública.

Regímenes Forales (País Vasco y Navarra). Los requisitos y plazos se ajustan a los criterios generales del Estado, con sus propias normas forales que recogen las particularidades.

LexON Verifactu

Aunque los plazos para la obligatoriedad de las facturación electrónica están pendientes de la aprobación del Reglamento, sin embargo con la entrada en vigor de Verifactu y la Ley Crea y Crece, autónomos y pymes sí deben contar con un software certificado que garantice seguridad y cumplimiento legal.

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