El problema de la revalorización de las pensiones

Parece que se ignora que desde su implantación moderna, en el año 1967, ha tenido numerosas reformas, siendo la más importante la que hizo el Gobierno de Felipe González, con efectos del día 1 de agosto de 1985, para establecer el cálculo de la base reguladora de la pensión jubilación con los últimos ocho años de cotización, en vez de dos y debiendo tener cotizados quince años en lugar de 10.

Ya para ese año la Ley de Presupuestos Generales del Estado había limitado el importe de la pensión máxima, o la suma de todas las pensiones públicas que se cobraran, a 187.950 pesetas (1.129, 60 euros), tope que se mantuvo cinco años; lo cual tuvo como consecuencia que pluriempleados, que esperaban cobrar por su retiro cuantías más altas de la citada, tuvieran una pensión inferior (a veces mucho) a las de compañeros suyos que las habían causado antes de finalizar el año 1984, circunstancia que el Tribunal Constitucional declaró que no vulneraba la Carta Magna.

La citada ley estableció que la revalorización de las pensiones causadas con arreglo a la misma se haría al comienzo de cada año, de acuerdo con el IPC previsto para dicho año, pero hasta 1991 se siguió aplicando diferentes porcentajes, que se establecían en la Ley de Presupuestos Generales, dependiendo de las cuantías de las mismas. En el verano de 1997 la Ley de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social, mantuvo la revalorización con arreglo al IPC porque la economía del sistema permitió, con la misma ley, crear un fondo de pensiones en previsión de tiempos peores: la hucha que ahora se dice que se ha malgastado, cuando lo cierto es que aplicando la citada revalorización, habiendo aumentado el número de pensionistas, reducido el de los cotizantes y la cuantía de sus aportaciones, se ha ido consumiendo.

Porque aunque el Gobierno de Zapatero optó por no subir las pensiones en 2011, su sucesor proporcionó a los pensionistas en 2012 el 2, 9% perdido con aquella decisión y las aumentó sobre ello en el 1%. En 2013 las subió también el 1% con carácter general, y el 2% las que no excedieran de 1.000 euros al mes. Pero se ha obviado mencionar esas revalorizaciones para protestar por las establecidas a partir de entonces, que han sido del 0, 25% cada año, para cuyo pago, además, el Gobierno ha tenido que endeudarse.

Por la falta de información, se cree que nuestro sistema de pensiones ha de funcionar como los seguros privados, garantes de lo que voluntariamente se contrata, que es menor de lo que garantiza el solidario sistema oficial, que tiene carácter obligatorio para ser más protector. Porque si en lugar de obligatoria la cotización fuera voluntaria las pensiones serían mucho más bajas.

Prueba de ello son las de los autónomos, cuya mayoría cotiza por la base mínima obligatoria por ser ellos los responsables del pago, resultando en no pocos casos que tal cotización es muy inferior a la que hacer por sus empleados. Ahora el trabajador aporta el 6, 35% de su salario (que no es todo para pensiones, sino también para incapacidad temporal, formación profesional y desempleo), mientras que el empresario lo hace con el 30, 9% de la misma base, o mayor porcentaje, dependiendo del riesgo de accidente de la actividad, cuyo pago total es a su cargo.

El Gobierno ha recogido como posible de lo solicitado en las protestas mejorar la cuantía de las pensiones mínimas y las de viudedad si se aprueban los Presupuestos Generales para 2018, lo cual no perjudicaría la economía del sistema porque los complementos para las pensiones que por escasa cotización no llegan a la cuantía mínima ya se financian con impuestos y, al parecer, se pretende que las pensiones de viudedad también se financien así. Aunque para estas últimas lo procedente sería no aplicarles una revalorización superior a la general, sino que fueran de mayor cuantía en el momento de ser reconocidas, por aplicación de un porcentaje mayor sobre la base reguladora del causante, a la vez que se establecieran unos requisitos más exigentes para tener derecho a las mismas y para su mantenimiento de los que ahora existen.

Por el contrario, podría resultar muy costoso, mientras los ingresos del sistema no mejoren, derogar la forma de calcular la revalorización para el resto de las pensiones de acuerdo a la ley que entró en vigor el día 26 de diciembre de 2013 y volver a la revalorización con base en el IPC previsto.

Por ello, los responsables de la Seguridad Social, hasta que llegue esa recuperación económica deben dar explicaciones claras sobre los parámetros de ingresos y gastos del sistema tenidos en cuenta para el cálculo de la revisión de este año, que, en aplicación de la Ley reguladora del Índice de Revalorización, habrá tenido que ser inferior al 0, 25%, e ir preparando ya explicaciones sobre lo que podrá suponer desde 2019 en las futuras pensiones de jubilación el Factor de Sostenibilidad, regulado por la misma ley y cuyo cálculo también tiene un exponente matemático complicado.