Nueva UNE 420001:2024, calidad y confianza para asesorías y despachos

Durante décadas, cualquier persona con un local y un rótulo en la puerta podía autodenominarse “asesor” sin necesidad de títulos universitarios, ni experiencia acreditada. Hoy, basta con comprar un dominio de internet para ofrecer un servicio de asesoría versión 2.0.

Esta situación, de escasa regulación, fomenta la aparición de prácticas irregulares y calidad de servicio desigual. Con este nuevo estándar, se establecen criterios mínimos para ejercer profesionalmente y se sientan las bases de un sistema de acreditación que aporta confianza a la Administración, a los clientes y a la sociedad en general.

El esfuerzo por regular el sector se inició en 2021, gracias al impulso de la Asociación Española de Consultores de Empresa y la acción de la Asociación Española de Normalización, que convocó una mesa sectorial con la Administración y los principales actores implicados (las propias asesorías, patronales, sindicatos, asociaciones y empresas como Lefebvre ). Tras intensos debates, se definieron los requisitos de formación, experiencia, calidad y cumplimiento normativo necesarios para ejercer. Aunque no se trate de una norma con carácter preceptivo, ésta se erige como un instrumento imprescindible para destacar frente a la competencia y transmitir rigor y fiabilidad a los clientes.

Un paso histórico para ordenar el mercado

El sector de la asesoría es crucial en la economía española: según datos del Ministerio de Economía, existen alrededor de 60.000 empresas y profesionales que realizan tareas de asesoramiento fiscal, contable, laboral y mercantil. Todas las compañías, independientemente de su tamaño o sector, necesitan contar con asesores en algún momento de su actividad. Sin embargo, hasta la llegada de la UNE 420001:2024, la falta de un marco adecuado permitía la coexistencia de asesorías con altos estándares de calidad junto a otras que no cumplían ni los mínimos requisitos legales.

La UNE 420001:2024 pone fin a esta anomalía histórica al ofrecer una herramienta de medición y evaluación objetiva que beneficia, en primer lugar, a los propios despachos profesionales. Aquellas organizaciones que opten por cumplir con la norma y se certifiquen podrán demostrar públicamente su compromiso con la legalidad, la buena praxis y la búsqueda de la excelencia en el servicio. De esta forma, logran un plus de diferenciación en un mercado cada vez más competitivo y refuerzan su credibilidad de cara a inspecciones, requerimientos y la captación de nuevos clientes.

Beneficios clave para asesorías y despachos profesionales

El reconocimiento que ofrece la UNE 420001:2024 no se queda en lo meramente formal: supone un aumento real de la calidad y la confianza percibida por los clientes. Al implantar este estándar, las asesorías revisan y actualizan todos los aspectos fundamentales de su actividad, desde los requisitos normativos hasta la documentación de calidad y los procesos internos. Esto les permite:

Recibir una validación legal y de capacidades : Quien cumpla con los criterios establecidos dispone de un aval que corrobora su profesionalidad. Si se está al día con la legislación y además se ofrecen servicios de calidad, podrá hacerse público a través de un certificado acreditativo.

Garantizar una actualización constante : El sector debe adaptarse a cambios legislativos frecuentes y complejos. El sistema de certificación obliga a las asesorías a revisar periódicamente sus procedimientos, lo que las mantiene siempre al día de las obligaciones normativas y de las mejores prácticas.

Diferenciarse en un mercado saturado : Contar con la UNE 420001:2024 en una fase tan temprana equivale a estar en la vanguardia y a disfrutar de una ventaja competitiva notable.

Acceder a clientes internacionales : Países como Francia, Alemania e Italia cuentan con normativas parecidas. Es habitual que las empresas multinacionales, al llegar a España, busquen asesores certificados. La UNE 420001:2024 abre la puerta a colaborar con estos grandes clientes.

Competir con grandes despachos : La tendencia actual hacia la concentración en grandes firmas puede arrinconar a los despachos pequeños. Sin embargo, la certificación muestra que un despacho profesional de menor tamaño también puede cumplir los mismos requisitos y alcanzar un nivel de calidad excelente.

A esto se suma la gran ventaja económica frente a la ISO 9001. Mientras la ISO 9001 es genérica y puede aplicarse a cualquier sector, la UNE 420001:2024 es específica para asesorías y despachos profesionales. Además, su coste medio de certificación suele ser mucho más asequible.

Cómo obtener la certificación: pasos y plazos

Para iniciar el proceso de certificación, las asesorías deben rellenar un cuestionario de autoevaluación . Este instrumento no solo sirve para medir el nivel de cumplimiento de los requisitos normativos y de calidad, sino también para ayudar al propio asesor a identificar oportunidades de mejora. A partir de esta autoevaluación, se elabora un plan de acción que permite subsanar las carencias detectadas, ya sean de tipo legal, documental o de procedimiento.

Bajo esta premisa, Lefebvre, compañía líder en España en soluciones de conocimiento jurídico y gestión empresarial basadas en inteligencia artificial para despachos de abogados, asesorías, empresas y departamentos jurídicos de la Administración Pública, quiere promover que todos sus clientes accedan a este sello de calidad, demostrando así su compromiso con la profesionalización y la excelencia del sector. Además, ha alcanzado un acuerdo con la certificadora BSC para que todas las asesorías que lo deseen puedan certificar su organización a precio de coste , facilitando el proceso y haciéndolo más accesible.

Una vez implementadas las mejoras pertinentes, se realiza una auditoría de evaluación a cargo de un auditor externo acreditado por la entidad certificadora. Este profesional recopilará evidencias y verificará que todo lo expresado en la fase de autoevaluación es correcto y que se cumplen al menos el 75% de los criterios de la norma. Si no se alcanza ese umbral, se concede un plazo de 21 días para subsanar los puntos débiles y, pasado ese período, se vuelve a valorar el expediente.