España, el único país de la UE sin transponer la directiva del IVA para Pymes
La Comisión Europea ha elevado el tono contra España por un retraso legislativo que ya no es solo una cuestión de plazos, sino una excepción ibérica en toda regla. Según ha confirmado Bruselas, España es el único Estado miembro que aún no ha transpuesto ni notificado la directiva comunitaria sobre el régimen especial del IVA para pequeñas y medianas empresas (pymes).
Redactado por Espacio PymesEsta situación con el IVA, ha colocado al país en la antesala de un posible juicio ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si no se solventa el incumplimiento de forma inmediata.
¿Qué dice la directiva (UE) 2020/285?
Aprobada en 2020 y con entrada en vigor teórica en enero de 2025 , esta normativa busca nivelar el campo de juego para los pequeños negocios dentro del mercado único. Sus pilares son:
Exención del IVA. Permite que las empresas que no superen ciertos umbrales de facturación (normalmente hasta 85.000 € anuales) no tengan que repercutir el impuesto.
Operaciones transfronterizas. Los Estados pueden elegir si aplican la exención a nivel nacional, pero están obligados a permitir que sus pymes se acojan al régimen cuando venden en otros países de la UE.
Reducción de burocracia. El objetivo final es eliminar las pesadas cargas administrativas que frenan la expansión internacional de los emprendedores.
La Comisión Europea ha sido tajante: España ha manifestado que no tiene intención de aplicar la exención del IVA en el mercado interno (una opción permitida por la norma). Sin embargo, el verdadero problema reside en que tampoco ha habilitado los mecanismos para que las pymes españolas disfruten de esa exención cuando operan en el resto de Europa.
"Hay dos opciones posibles: cerrar el procedimiento de infracción o pasarlo al Tribunal de Justicia", advirtió la representante de la Dirección General de Fiscalidad de la UE.
Consecuencias: Desventaja competitiva y "destrucción" de negocios
La falta de acción legislativa no es solo un trámite administrativo; tiene un impacto real en la economía. Durante el debate en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, se destacaron varios puntos críticos:
Desventaja frente a Europa. Los pequeños negocios españoles compiten en inferioridad de condiciones contra empresas de otros 26 países que ya disfrutan de estas facilidades.
Pérdida de competitividad. El peticionario que elevó la queja ante Bruselas asegura que esta situación está "destruyendo" negocios al encarecer y complicar sus ventas al exterior.
Presión política. Mientras la oposición califica la situación de "daño flagrante", el grupo socialista defiende que la ley ya está en trámite en el Congreso, tras haber superado el debate de totalidad.
Entiendo perfectamente la curiosidad (o la frustración, si te dedicas a la fiscalidad). En el mundo del IVA, España suele ir bastante a la par con Europa, pero siempre hay "flecos" pendientes.
A día de hoy, el tema que más ruido está haciendo por no estar plenamente adaptado o estar en proceso de cambio es la Directiva (UE) 2020/285 , conocida como el Régimen Especial de Pequeñas Empresas .
Otras directivas y ajustes pendientes
Además de la anterior, hay otros movimientos en el "radar" de infracciones o transposiciones incompletas:
ViDA (VAT in the Digital Age): Más que una directiva no transpuesta, es un paquete de medidas (facturación electrónica obligatoria, registro único de IVA en la UE) que España está adaptando por fases (como la Ley Crea y Crece).
Sentencias del TJUE: A veces, España no es que no haya transpuesto una directiva, sino que la ha transpuesto mal según el Tribunal de Justicia de la UE. Un ejemplo clásico fue la limitación de la deducción del IVA en vehículos de empresa, donde España ha tenido que ir flexibilizando su postura tras varios tirones de orejas europeos.

¿Qué pasará ahora?
Aunque el Gobierno español se comprometió a finalizar el trámite a finales de 2025, la realidad es que a día de hoy la notificación de cumplimiento no ha llegado a Bruselas. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido mantener abierta la queja, dejando la puerta abierta a nuevas acciones si el Congreso y el Senado no aceleran la aprobación definitiva de la norma.
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