Dos directivas bloqueadas en el parlamento y 100.000 negocios perjudicados

El Gobierno acumula expedientes y advertencias por no trasponer a tiempo directivas comunitarias importantes que afectan a la pequeña y mediana empresa (pyme). El último aviso llegó el pasado mes de julio desde la Comisión Europea. Bruselas ha dado un ultimátum a España, junto a Portugal, Chequia y Malta, por no haber actualizado los umbrales económicos que determinan el tamaño de las empresas . La fecha límite para adoptar esta nueva clasificación expiró el 24 de diciembre de 2024, y el retraso ha llevado a la Comisión a dar un paso más en el procedimiento de infracción abierto en enero.

La Directiva Delegada (UE) 2023/2775, es una norma diseñada para ajustar la definición de pyme a la realidad económica actual. La Comisión argumenta que los criterios no se han revisado desde 2013 . Durante la última década, la inflación acumulada ha alcanzado el 24, 3% en la eurozona, un factor que ha provocado que miles de empresas superen los límites financieros establecidos sin haber experimentado un crecimiento real en su estructura o capacidad operativa.

Actualmente, para ser considerada una "pequeña empresa" en España, una compañía no puede superar los 4 millones de euros en activos, los 8 millones en volumen de negocio neto y los 50 empleados . La nueva directiva europea propone una actualización significativa de los umbrales financieros, duplicando prácticamente las cifras. Con la nueva norma, una empresa podría tener hasta 7, 5 millones de euros en activos y una cifra de negocio de hasta 15 millones, pero manteniendo el límite de 50 trabajadores, y seguir siendo clasificada como "pequeña".

Con esta regulación, a muchas empresas que ahora se consideran Medianas Empresas y tienen una carga regulatoria y administrativa mayor, se les permitiría ahorrar millones de euros anuales solo en trámites y nuevas obligaciones, y podrían utilizar modelos contables simplificados. Estar obligado a presentar cuentas anuales ordinarias implica un aumento drástico en los costes de gestoría y, en muchos casos, la obligación de someterse a auditorías externas.

Esta penalización provoca que muchas empresas eviten deliberadamente expandirse, una situación perjudicial para la economía en su conjunto. La directiva europea busca precisamente eliminar esta barrera, permitiendo un crecimiento más orgánico y sostenido.

Bloqueo también del IVA Franquiciado

Junto a la definición de pyme, Bruselas también tiene en su punto de mira la paralización en la transposición de la directiva del IVA franquiciado ( Directiva 2020/285 ). Esta normativa, que debía estar en vigor desde el 1 de enero de 2025, crearía un régimen especial para que miles de autónomos y pequeños negocios quedaran exentos de declarar e ingresar el IVA si su facturación anual no superara el límite máximo de 85.000 euros anuales.

El panorama resultante es el de un país que sistemáticamente llega tarde a sus compromisos europeos, generando una profunda inseguridad jurídica y un agravio comparativo para sus empresas frente a las de otros estados miembros.