Cerrar una empresa sin seguir los procedimientos legales tiene consecuencias
Así lo ha recordado la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia, que ha confirmado una sentencia al administrador de una sociedad que deberá responder con su patrimonio personal por una deuda de más de 200.000 euros contraída con dos de sus trabajadores.
Redactado por Espacio Pymes
A la hora de cerrar una empresa el incumplimiento de los deberes de liquidación o la falta de solicitud de concurso de acreedores puede derivar en una responsabilidad directa e individual.
Cerrar una empresa con 3 millones en activos
El caso analizado por el tribunal describe una gestión que roza lo temerario. La mercantil en cuestión arrastraba impagos salariales desde noviembre de 2017. Sin embargo, en lugar de ordenar las cuentas, el administrador mantuvo la actividad hasta marzo de 2019, momento en el que la empresa bajó la persiana sin más trámite.
Los datos financieros presentados en el juicio son determinantes:
En 2018, la entidad registró números rojos por valor de 1, 17 millones de euros .
La sociedad presentaba un déficit de casi 890.000 euros, superando con creces su capital social.
A pesar de contar con activos superiores a los 3 millones de euros en 2017, estos desaparecieron sin que se redujera la deuda con los empleados.
La responsabilidad individual del empresario
El tribunal es tajante al aplicar la doctrina del Tribunal Supremo sobre la acción individual de responsabilidad . Según la Sala, se dan los tres requisitos necesarios para condenar personalmente al administrador: conducta antijurídica, daño directo y relación de causalidad . Según la sentencia: "El vaciamiento patrimonial privó a los trabajadores de la posibilidad de cobrar sus créditos".
La Audiencia califica la gestión como "dolosa o cuanto menos gravemente negligente", al no existir una justificación contable para la reducción drástica de activos. El hecho de vender sus participaciones cuando aún existían bienes, en lugar de destinarlos al pago de nóminas, ha sido clave para confirmar la condena. mil
Esta sentencia refuerza la protección de los acreedores, especialmente de los trabajadores, ante el cierre desordenado de empresas. La justicia murciana deja claro que el cargo de administrador no solo otorga poderes de gestión, sino que conlleva obligaciones legales estrictas cuyo descuido puede arruinar el patrimonio personal de quien las incumple. Aunque la sentencia aún puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, marca un precedente sobre la transparencia exigida en la liquidación de sociedades en crisis.
Los comentarios están cerrados