El subempleo y la inactividad involuntaria suponen 4,9 millones de paro real

El documento, coordinado por la profesora Ana I. Viñas Apaolaza dentro del proyecto de la Fundación UAM, se concibe como una herramienta crítica destinada a identificar los desafíos estructurales del mercado laboral español y a orientar la reforma de las políticas activas. El sindicato UGT presentó el estudio resaltando que, pese a la mejora aparente de los datos de paro, España mantiene desequilibrios profundos que requieren una acción política sostenida.

Tasa oficial y tasa ampliada de paro

Uno de los puntos de partida del análisis es la divergencia entre la tasa oficial de paro y la denominada tasa ampliada. Mientras que la tasa estándar se situó en torno al 11, 4 % en 2024, la tasa ampliada —que incluye inactividad involuntaria y subempleo— ascendió hasta el 19, 3 %, según recoge el propio informe, esto supone 4, 9 millones de personas desempleadas. Este dato coloca a España muy por encima de la media de la Unión Europea, que se situaba alrededor del 11, 7 % . Además, la ampliación del indicador revela diferencias de género relevantes, ya que las mujeres alcanzarían tasas cercanas al 23, 7 % al incorporar el desempleo invisible o infraregistrado.

El estudio subraya que el desempleo español no es homogéneo ni territorial ni sectorialmente. Jóvenes, personas mayores de 50 años, personas con baja cualificación y ciudadanos en regiones con menor diversificación productiva concentran tasas superiores de paro, tanto visible como oculto. Esta heterogeneidad complica el diseño de políticas activas uniformes y obliga a introducir un enfoque territorial más preciso, como reconoce el propio documento al señalar las diferencias entre comunidades autónomas en cuanto a resultados, capacidad de gestión e impacto del gasto en empleo.

Impacto del gasto público

Uno de los hallazgos cuantitativos más relevantes del informe procede del análisis del impacto del gasto público. Según la modelización realizada, por cada millón adicional
de gasto en políticas activas, el volumen de desempleo se reduce en 1.056 personas, en 280 jóvenes parados, 906 personas desempleadas larga duración, 691 de muy larga duración y 1.309 pertenecientes al colectivo de paro ampliado, respectivamente.

Servicios de empleo público deficientes

A pesar de estas cifras, el informe advierte de que los servicios públicos de empleo necesitan una mejora profunda. UGT ha subrayado que la capacidad operativa de estos servicios es insuficiente para garantizar una orientación laboral eficaz y un acompañamiento continuado, lo que limita el impacto real de las políticas activas. El estudio elaborado con la UAM insiste en que los sistemas de información y evaluación presentan carencias que dificultan la comparación interterritorial y la medición de resultados. La falta de uniformidad entre comunidades autónomas en el registro de datos, la clasificación de programas y los criterios de evaluación complica la toma de decisiones basada en evidencia.

En el ámbito estructural, el informe identifica tres grandes transformaciones que reconfiguran la demanda de políticas activas de empleo: el envejecimiento de la población, la transición digital y la transformación del modelo productivo . El envejecimiento exige programas específicos para mantener la empleabilidad de los trabajadores mayores, especialmente en regiones afectadas por la despoblación. La digitalización obliga a replantear la formación continua y priorizar competencias tecnológicas, ya que el reciclaje profesional sigue siendo uno de los puntos débiles del mercado laboral español. La transición hacia una economía más verde y orientada a sectores de mayor valor añadido implica la necesidad de políticas de recualificación más ágiles y mejor coordinadas con la demanda empresarial.

El informe destaca también que la eficacia de las políticas activas depende en gran medida de su adecuación a colectivos específicos. Las intervenciones que no tienen en cuenta el perfil del desempleado —su edad, formación, oportunidades reales de inserción y entorno territorial— producen resultados superficiales o transitorios. Los jóvenes continúan siendo uno de los colectivos más afectados por el desempleo estructural, un fenómeno especialmente pronunciado en regiones con menor tejido industrial o con economías marcadas por la estacionalidad.

Otro elemento crítico señalado por la UAM y UGT es la insuficiencia de mecanismos rigurosos de evaluación. El informe afirma que, aunque España destina recursos importantes al fomento del empleo, solo una parte de los programas de políticas activas están sometidos a auditorías o evaluaciones externas sistemáticas. La ausencia de indicadores homogéneos limita la capacidad de identificar los programas más eficaces y de corregir aquellos que no generan impacto. Esta carencia metodológica repercute directamente en la eficiencia del gasto público y en la capacidad de orientar las políticas activas hacia resultados medibles.

El estudio reclama además que el gasto en políticas activas de empleo sea estable y no dependa únicamente del ciclo económico o del volumen de prestaciones pasivas. Para UGT, estas políticas deben concebirse como una inversión estructural a largo plazo, destinada a transformar el mercado laboral y no a responder de forma reactiva a cada incremento coyuntural del desempleo.

Impacto real en la trayectoria laboral de los trabajadores

Finalmente, el informe plantea un reto mayor: las políticas activas deben contribuir no solo a reducir el paro, sino a mejorar la calidad del empleo. Reducir las cifras sin abordar problemas como la temporalidad, el subempleo, la parcialidad involuntaria o la precariedad salarial genera mejoras estadísticas sin impacto real en la trayectoria laboral de la ciudadanía. El estudio advierte de que el subempleo y la inactividad involuntaria, dos elementos fundamentales de la tasa ampliada, deben incorporarse de forma sistemática en la planificación y evaluación de las políticas públicas de empleo.

En su conjunto, el informe UAM–UGT ofrece un diagnóstico sólido y documentado sobre las carencias del sistema español de empleo. Aunque reconoce avances recientes, subraya que los retos estructurales siguen siendo profundos: desigualdad territorial, desempleo de larga duración, precariedad juvenil, brechas de género, déficit de evaluación y debilidad institucional. Sus conclusiones constituyen una llamada a reforzar el papel de las políticas activas como herramienta transformadora capaz de conectar formación, orientación, mercado laboral y cohesión territorial.